La propuesta, presentada en mayo por los congresistas Tom Lantos (Partido Demócrata, California) y Christopher Shays (Partido Republicano, Connecticut) y con las firmas de treinta congresistas más, se ha convertido en la Resolución 427, que destaca dos hechos: que en los últimos tres años se han matado más de un millón de focas, y que el 95% de ellas tenía entre doce días y doce semanas de edad, animales que ni comen aún alimento sólido ni han estado jamás en el agua.
En definitiva, se condena la matanza a palos de millones de crías que están mamando, y apenas pueden arrastrarse unos metros, torpemente, sobre el hielo. El Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, el republicano Lantos, afirmó que “esta práctica profundamente inhumana es indigna del pueblo canadiense. No hay ninguna razón realmente buena para que continúe esta matanza innecesaria, y sí muchas para acabar con ella. Hacemos un llamamiento al gobierno de Canadá para que suspenda, ahora y para siempre, la cacería que lleva a cabo en aguas de su costa este”.
El Dr. John Grandy, vicepresidente de la HSUS, indicó en el Congreso que “la acción llevada a cabo hoy en esta Cámara, unida a las iniciativas de México, del Parlamento Europeo y de numerosos países de Europa, es un mensaje muy claro de que esta matanza bárbara debe terminar, ahora”.
Entre estos países occidentales aludidos por el Dr. Grandy no se encuentra España, cuyo gobierno, como todos sabemos, se negó incluso a hablar del tema, por segundo año consecutivo, desoyendo la Proposición No de Ley presentada por el diputado Francisco Garrido (Los Verdes - Grupo Parlamentario Socialista), y apoyada en 2007 por una campaña de Fundación Altarriba que contaba con la adhesión de la HSUS. Esta PNL planteaba una acción similar a la aprobada el lunes en Estados Unidos, pero a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, el Gobierno de España mantuvo como propios los argumentos canadienses, los mismos que el resto de países de nuestro entorno han condenado, y se limitó a reenviar las quejas a la Embajada de dicho país.
En este sentido, varios congresistas se dirigieron a la Dra. Nuria Querol, responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación Altarriba, que estuvo presente en las sesiones del Capitolio, para conocer la postura española sobre la cacería, tanto la oficial como la de los ciudadanos, y se interesaron por las razones que podrían tener las autoridades españolas para navegar en este caso contra corriente.
La Fundación Altarriba, que mantiene abierta la recogida de firmas en apoyo a la PNL, no puede menos que expresar la vergüenza que supone para nuestro país el hecho de seguir estando al margen de Europa. Recordamos a nuestro Gobierno que el Consejo de Europa, en 2006, aprobó un llamamiento a los 46 países miembros (entre ellos, a España), para que promovieran en sus territorios la prohibición del comercio de productos de foca, aunque esa decisión no se hubiera tomado todavía a nivel global.
Seguimos sospechando que el Gobierno de España teme que la respuesta pública de Canadá le haga aflorar las vergüenzas internacionales, y que se abstiene de opinar sobre una brutalidad porque, por su parte, sospecha también que mantiene y subvenciona algo semejante con argumentos igual de inadmisibles.

Vía: Libera / Fundación Altarriba